La autora estudia el concepto actual de desamparo, sustrato necesario generador de la protección administrativa del menor, y se centra después en los aspectos relativos al procedimiento para su declaración, así como en sus efectos, los principios y criterios rectores, la revisión judicial de las resoluciones administrativas y el tema de la necesaria coordinación entre la Administración Autonómica y el Ministerio Fiscal.