Con este trabajo se ha intentado despejar un capítulo importante de los costes económicos y sociales que supuso la guerra civil española. A los detenidos y acusados por rebelión y desafección se les requisaron e incautaron preventivamente sus bienes, actuaciones que se convertían en definitivas cuando los tribunales populares de lo penal dictaban sentencia y el de responsabilidades civiles imponía la sanción correspondiente. Los bienes y recursos que se obtuvieron por esta vía eran recogidos y administrados por la Caja Central de Reparaciones, organísmo autónomo del ministerio de Hacienda.
El patrimonio así formado, que debía destinarse al final de la guerra a la reparación de los daños y a la recuperación de la economía, sirvió para auxiliar a los republicanos exiliados. Los restos fueron devueltos a los dueños por la Comisión Liquidadora, creada por el gobierno franquista.
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