Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la aprobación del
Reglamento en febrero de 2012, se crea la Iniciativa Ciudadana Europea
(ICE). La introducción de este nuevo instrumento de democracia directa
cobra aún más importancia en el marco actual de descontento social,
marcado por una desafección creciente o un activismo que va más allá de
las vías clásicas del poder exigiendo más participación política,
transparencia y control en la toma de decisiones. También en la Unión
Europea. La aprobación de este instrumento de democracia directa plantea
futuros desafíos políticos e institucionales a la UE: ¿hasta qué punto
se trata de una alternativa real al quehacer político normal? ¿Va a
suponer la introducción de la ICE un modelo alternativo a la democracia
representativa? ¿Afectaría ésta al equilibrio legislativo de la UE? Y en
un marco más general, ¿es la ICE la solución a los problemas de
desafección política actual? Este trabajo pretende esclarecer estas
preguntas desde un punto de vista jurídico-político. En este contexto
histórico donde aumentan las demandas para una mayor implicación directa
del ciudadano en el gobierno, este trabajo defiende las dificultades de
imponer las bondades de la democracia directa, al menos en el marco de
la ICE y su contexto europeo.
