Para caracterizar un régimen como liberal-democrático basta con recurrir a la siguiente argumentación: debe constituirse en un sistema normativo de garantías para la alternancia en el poder; articular un sistema de partidos competitivos donde sea posible la existencia de mayorías y minorías y, por último, tiene que existir una ley electoral consensuada donde practicar el ritual. Dicha propuesta se acompaña de un relato ad hoc de democracia articulado bajo la doctrina de la división de poderes y la teoría de la justicia equitativa. Un guión construido en forma de paradojas de la acción, donde la mejor democracia es aquella que está en las normas pero no se debe ni puede practicar.
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