La persistencia de la crisis económica ha dejado
un balance desolador en términos de igualdad
y cohesión social en España. El retroceso en
los niveles de renta per cápita, el aumento del
desempleo y la precarización del trabajo se han
traducido en un avance de las situaciones de
pobreza y privación, extendiendo el riesgo de
exclusión social a nuevas capas de población
y agravando la situación de los colectivos
tradicionalmente más vulnerables. Frente a
ello, la respuesta de los poderes públicos no ha
venido sino a empeorar aún más la situación,
con el desmantelamiento progresivo de la
política social, bajo el pretexto de la estabilidad
presupuestaria.
