Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), tras una veintena de modificaciones, y, sobre todo, después de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hacía necesario ´someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local´.
La presente monografía pretende examinar el alcance de la profunda modificación acometida en el ámbito del régimen local español. La Ley 27/2013, en el marco de una discusión de gran calado y sujeta ya a varios recursos de inconstitucionalidad, ha sido cuestionada en sus líneas básicas y tachada como una traba para la autonomía local. Sin embargo, dicha reforma es defendida también como un instrumento para adecuar el funcionamiento de los Entes locales a las exigencias derivadas del artículo 135 de la Constitución Española, así como una garantía para el funcionamiento mismo de los servicios públicos locales.
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