Trastorno mental y comportamiento violento son realidades que con bastante frecuencia aparecen vinculadas en las modernas sociedades democráticas. Pese al poco fundamento científico que en la mayoría de los casos hay detrás de tal asociación, es habitual y antigua la tendencia a buscar en el trastorno mental lato sensu una explicación al comportamiento violento, especialmente cuando la violencia aparece en su versión más desproporcionada y cruel. Esta tendencia ha terminado por fraguar en una premisa falsa pero socialmente aceptada, según la cual el enfermo mental tiene, por el mero hecho de serlo, propensión al comportamiento violento. La identificación entre trastorno mental y delincuente violento constituye hoy un estereotipo ampliamente aceptado, que genera importantes consecuencias negativas, centradas fundamentalmente en la estigmatización y discriminación de los enfermos mentales. Cuando parece que, en el contexto de la ´sociedad del riesgo´, el sistema de justicia penal transita desde un modelo garantista hacia un modelo de autoprotección, defensivo y de seguridad, tiene sentido preguntarse por el tratamiento actual y futuro de la potencial peligrosidad de determinados estados de los trastornos mentales, porque dicho tratamiento será un buen termómetro para valorar el punto en el que, en este ámbito, debe situarse el equilibrio entre las garantías jurídicas, la prevención y la función público-asistencial al enfermo mental.
